Contratar a un abogado en España se resume en cuatro comprobaciones: que esté colegiado como ejerciente, que tu asunto entre de verdad en su especialidad, que el encargo y los honorarios estén por escrito antes de empezar, y que sepas de antemano qué pasa si el caso se pierde o se cierra a medias. Esta sección reúne 17 guías que desarrollan cada paso por materia y por ciudad.
Están ordenadas por lo que suele buscar la gente: primero derecho laboral, que es donde más consultas llegan, después las vías para conseguir abogado sin adelantar dinero, luego materias concretas y, al final, los trámites del propio colegio para quien va a ejercer.
Cuándo merece la pena contratar y qué rangos de honorarios se manejan.
Guía práctica para el trabajador: plazos, papeleo y criterios de elección.
Honorarios habituales y qué preguntar en la primera cita.
Cómo elegir despacho y qué conceptos entran en la minuta.
Qué cuesta un despido o una reclamación de cantidad y cómo comparar.
Guía 2026 con los pasos del proceso laboral y el papel del abogado.
Cómo filtrar resultados de búsqueda sin quedarte con el que más paga por anunciarse.
Las opciones que existen de verdad y las que solo lo parecen.
Justicia gratuita, sindicatos y servicios de orientación: quién entra en cada vía.
Requisitos, cómo se pide y por qué de oficio no siempre significa gratis.
Dónde se puede consultar sin pagar y qué se puede esperar de esa consulta.
Trámites, plazos administrativos y honorarios de los expedientes más comunes.
Testamento, partición y conflictos entre herederos.
Cómo elegir con urgencia, qué se paga y qué fases tiene el procedimiento.
Requisitos del mecanismo de exoneración y qué hace el abogado en cada fase.
Trámites, colegiación y servicios que presta el colegio al ciudadano.
Requisitos, pasos y coste de la colegiación para quien acaba de sacarse el máster.
La mayor parte de las búsquedas de la palabra «abogados» acaban en un directorio de pago o en un anuncio. Eso no dice nada sobre la calidad del profesional: dice quién ha pujado más. Hay tres comprobaciones que puedes hacer tú en diez minutos y que filtran bastante ruido.
Para ejercer la abogacía en España hay que estar colegiado como ejerciente en un Colegio de la Abogacía. El acceso a la profesión está regulado por la Ley 34/2006 —título de Derecho, máster de acceso y prueba de aptitud— y el ejercicio, por el Estatuto General de la Abogacía Española aprobado por el Real Decreto 135/2021. Pídele a quien te atienda el colegio al que pertenece y su número de colegiado, y comprueba los dos datos en el censo público del colegio.
Si alguien esquiva la pregunta del número de colegiado, ya no hace falta la segunda pregunta. No es una formalidad burocrática: de la colegiación dependen el seguro de responsabilidad civil, el régimen deontológico y el colegio ante el que puedes reclamar si algo va mal.
En España no existe un sistema general de especialidades certificadas como el de la medicina: cualquier abogado colegiado puede llevar cualquier materia. Eso significa que «especialista en derecho laboral» es una afirmación comercial, no un título. Lo que sí puedes medir es la práctica: cuántos asuntos como el tuyo lleva al año, en qué juzgados, si ha tratado el mismo tipo de contrario (una mutua, una administración, un banco) y qué formación continua tiene en esa materia.
En despachos medianos es habitual que quien te capta no sea quien redacta ni quien va a la vista. No tiene nada de malo si se dice desde el principio. Pregunta el nombre del profesional que firmará los escritos, quién te atenderá cuando llames y con qué frecuencia vas a recibir noticias. Un encargo que no contesta a esas tres preguntas termina casi siempre en la misma queja: «no me cogía el teléfono».
No hay tarifa oficial. Los honorarios son libres desde que la Ley 25/2009 modificó la Ley de Colegios Profesionales y prohibió los baremos orientadores de precios. Lo único que los colegios pueden publicar hoy son criterios orientativos a efectos de tasación de costas y de jura de cuentas: sirven para que un juzgado module una minuta en un pleito, no para poner precio a tu encargo. Si un despacho te dice que cobra «lo que marca el colegio», está citando algo que no existe como tarifa.
| Modalidad | Cómo funciona | Cuándo encaja | A qué prestar atención |
|---|---|---|---|
| Por horas | Tarifa por hora trabajada, con registro de tiempos | Asuntos de duración imprevisible: negociaciones, concursal, mercantil | Pide tope máximo y desglose periódico; sin registro de tiempos no hay forma de discutir la factura |
| Precio cerrado por asunto | Importe fijo por un procedimiento delimitado | Trámites acotados: divorcio de mutuo acuerdo, despido, reclamación de cantidad | Define qué instancias incluye: muchos «cerrados» cubren solo la primera y el recurso se factura aparte |
| Iguala mensual | Cuota fija por disponibilidad y trabajo recurrente | Empresas y autónomos con consultas continuas | Aclara qué queda fuera de la iguala y a qué precio se factura lo excluido |
| Porcentaje sobre el resultado | Parte de lo que se obtenga; puede combinarse con un fijo reducido | Reclamaciones de cantidad con recuperación probable | Es lícita en España desde que se anuló la prohibición deontológica que pesaba sobre ella, pero tiene que estar pactada por escrito: sobre qué base se calcula y qué pasa si se pierde |
| Turno de oficio | Designación por el colegio dentro del sistema público | Quien cumple los requisitos de justicia gratuita o necesita asistencia inmediata | La designación no implica gratuidad: si no se reconoce el derecho, los honorarios se pagan |
La hoja de encargo es el documento que convierte una conversación en un contrato: objeto y alcance, honorarios y forma de cálculo, provisión de fondos, gastos que corren por tu cuenta, plazos de facturación y qué ocurre si el asunto termina antes de tiempo o si decides cambiar de abogado. Pedirla no es desconfianza; es lo que evita la discusión de después. La provisión de fondos es un adelanto a cuenta, no un pago definitivo: debe liquidarse al final, con devolución del sobrante si lo hay.
A los honorarios se les suma el IVA al tipo general. Si el cliente es empresario o profesional, la factura lleva además retención de IRPF, que no es un coste extra sino un pago a cuenta del abogado. Y hay conceptos que no son honorarios y que casi nadie incluye en la primera estimación: procurador cuando su intervención es preceptiva, peritos, notaría y registro, traducciones juradas, copias de expedientes o gastos de desplazamiento. Pide que aparezcan en el presupuesto aunque sean estimados.
La condena en costas obliga a la parte contraria a pagar, pero no lo que tú hayas pactado con tu abogado: lo que el juzgado apruebe en la tasación, con los criterios y límites de la Ley de Enjuiciamiento Civil. Puede quedarse por debajo de tu minuta, y además hay que cobrarlo de alguien que quizá no tenga con qué. Cuenta con el pleito pagado por ti y trata las costas como un ingreso posible, no como un descuento seguro.
«Abogado gratis» se usa para cosas muy distintas, y confundirlas sale caro. Estas son las vías reales y lo que cubre cada una.
| Vía | Qué es | Quién puede acceder | Qué NO es |
|---|---|---|---|
| Justicia gratuita | Derecho a asistencia jurídica costeada con fondos públicos, regulado por la Ley 1/1996 | Quien no supera los umbrales de renta y patrimonio, calculados en múltiplos del IPREM según el tamaño de la unidad familiar, más supuestos reconocidos con independencia de recursos | No es automático: lo reconoce la comisión de asistencia jurídica gratuita tras valorar el expediente |
| Turno de oficio | Sistema de designación de abogado que gestiona el colegio | Quien lo solicita, y de forma inmediata en detención o asistencia urgente | No equivale a gratuidad: si luego no se reconoce el derecho, el abogado designado puede minutar |
| Servicio de Orientación Jurídica del colegio | Cita gratuita de orientación en el propio colegio | Cualquier ciudadano, con cita previa | No es defensa ni lleva el asunto: orienta y tramita la solicitud de justicia gratuita |
| Sindicato, asociación o seguro de defensa jurídica | Servicio jurídico incluido en la cuota o en la póliza | Afiliados y asegurados, con los límites de cada convenio o condicionado | No siempre cubre toda la materia ni permite elegir profesional sin coste adicional |
| Primera consulta gratuita de un despacho | Reunión inicial comercial sin coste | Cualquiera que la solicite | No es un dictamen: sirve para valorar el asunto y darte precio, no para resolverlo |
La confusión más frecuente y más cara: pedir abogado de oficio dando por hecho que es gratis. La designación y la gratuidad son dos decisiones distintas, y la segunda llega después.
El deber de secreto del abogado está recogido en el artículo 542.3 de la Ley Orgánica del Poder Judicial: alcanza los hechos y documentos que conozca por su actuación profesional y no decae porque el encargo termine. Es el motivo por el que puedes contarle lo que te perjudica, que suele ser justo lo que necesita saber.
Tienes derecho a saber el importe previsible o los criterios con los que se calculará antes de aceptar el encargo, a que te informen de la marcha del asunto y a recibir liquidación de las cantidades entregadas. Si el abogado recibe dinero por tu cuenta —una indemnización, por ejemplo— debe rendir cuentas de ese cobro.
Si eres consumidor y contrataste por teléfono, por web o fuera del despacho, tienes 14 días naturales para desistir sin justificación, conforme a los artículos 102 a 108 del Real Decreto Legislativo 1/2007. Si pediste expresamente que el servicio empezara dentro de ese plazo, el desistimiento sigue siendo válido: pagas la parte proporcional de lo ya prestado, no el total pactado. Una cláusula que te niegue el desistimiento por el hecho de tratarse de un servicio profesional no es válida.
Hay tres caminos, y no son excluyentes. Discutir la minuta directamente con el despacho, que resuelve la mayoría de los casos. Impugnarla por indebida o excesiva si el abogado acude al procedimiento de jura de cuentas de la Ley de Enjuiciamiento Civil. Y presentar queja deontológica ante el colegio al que pertenezca, que es quien tiene la potestad disciplinaria. Guarda siempre la hoja de encargo, los correos y los justificantes de las provisiones: sin papeles, la reclamación se queda en tu palabra contra la suya.
Esta web publica guías como las de arriba, pero su producto es otro: un software de gestión para despachos. Conviene separar las dos cosas con claridad, porque en el sector abundan las webs que parecen comparadores y son captadoras de leads para un despacho concreto.
El problema que ataca no es jurídico, es operativo: expedientes repartidos entre carpetas de red, correo y hojas de cálculo; plazos anotados en tres agendas distintas; horas trabajadas que nadie apunta y que por tanto nadie factura. Un sistema de gestión junta en un mismo sitio el expediente con sus documentos y su historial, la agenda de vencimientos, el registro de tiempos, la facturación y la firma electrónica de los documentos que la admiten.
Si quieres el detalle por bloques, las páginas de producto lo desarrollan: gestión de despacho, facturación, firma electrónica, IA aplicada al derecho y CRM jurídico. Y si estás comparando herramientas, la comparativa de software jurídico reúne las alternativas del mercado.
Un software puede quitarte el trabajo administrativo que no factura. No puede quitarte la responsabilidad profesional, que sigue siendo tuya aunque el borrador lo haya escrito una máquina.
Meter los expedientes de un despacho en una herramienta externa tiene consecuencias que conviene mirar antes de firmar, sea cual sea el proveedor. El despacho es responsable del tratamiento y el proveedor actúa como encargado, así que hace falta el contrato de encargo del artículo 28 del RGPD, con las garantías y las instrucciones documentadas. La Ley Orgánica 3/2018 (LOPDGDD) añade el marco español. Y el deber de secreto del artículo 542.3 de la LOPJ no se delega: sigue siendo del abogado aunque los datos estén en un servidor de otro.
Preguntas que conviene hacer a cualquier proveedor antes de contratar: dónde se alojan los datos, quién del proveedor puede acceder y con qué registro, cómo se cifran en tránsito y en reposo, qué política de copias hay, en qué formato puedes exportarlo todo si te vas y en cuánto tiempo se borra tras la baja. Si una de esas respuestas no consta por escrito, no la des por buena porque aparezca un sello en una página web.
LexIAGest se comercializa por suscripción, con precio por usuario y mes y varios niveles de plan. Los importes vigentes y lo que incluye cada nivel están publicados en la propia web y cambian según la promoción en curso, así que consúltalos allí antes de decidir en lugar de fiarte de una cifra copiada en un artículo. Si lo que quieres es ver la herramienta funcionando, hay acceso a la demo, y para cualquier pregunta que no esté resuelta, el formulario de contacto.
Dos caminos distintos, según a qué hayas llegado aquí:
Si buscas abogado para un asunto propio, empieza por la guía de tu materia y tu ciudad en la lista de arriba. Aquí no vas a encontrar asesoramiento jurídico ni un despacho que te llame: lo que hay es criterio para que elijas mejor y preguntes lo que hay que preguntar.
Si llevas un despacho y lo que te interesa es la herramienta de gestión, mírala antes de pagar nada.
No. LexIAGest es un software de gestión para despachos. No ejerce la abogacía, no presta asesoramiento jurídico, no está inscrito en ningún colegio y no deriva clientes a profesionales. Las guías de esta sección son información general.
Pídele el colegio al que pertenece y su número de colegiado, y comprueba ambos en el censo del propio colegio. Para ejercer en España hay que estar colegiado como ejerciente; el Consejo General de la Abogacía Española mantiene además un censo estatal.
No hay tarifa oficial: los honorarios son libres desde que la Ley 25/2009 prohibió los baremos orientadores. El precio depende de la materia, de la complejidad, de la ciudad y de la modalidad pactada (hora, precio cerrado, iguala o porcentaje). Pide siempre presupuesto por escrito antes de empezar.
No como tarifa aplicable al cliente. Los colegios solo pueden elaborar criterios orientativos a efectos de tasación de costas y de jura de cuentas. No sirven para fijar el precio de tu encargo.
El turno de oficio es el sistema por el que se designa abogado; la justicia gratuita es el derecho a que ese servicio lo pague el Estado, regulado en la Ley 1/1996. Se puede tener abogado de oficio y acabar pagándolo si la comisión de asistencia jurídica gratuita no reconoce el derecho.
Si eres consumidor y contrataste a distancia o fuera del establecimiento, tienes 14 días naturales de desistimiento (arts. 102-108 del RDL 1/2007). Si pediste que el servicio empezara dentro de ese plazo, pagas la parte proporcional de lo ya prestado.
Debe informarte del importe previsible o de los criterios de cálculo antes de aceptar el encargo. La forma práctica de dejarlo cerrado es la hoja de encargo: objeto, alcance, honorarios, provisión de fondos, gastos y qué ocurre si el asunto termina antes.
No de forma automática. La condena en costas obliga a la parte contraria a pagar una cantidad que fija el juzgado en la tasación, con el límite y los criterios de la LEC, y puede quedarse por debajo de lo que tú has pagado. Además hay que cobrarla.
El deber de secreto del abogado está en el art. 542.3 de la Ley Orgánica del Poder Judicial: alcanza los hechos y documentos que conozca por su actuación profesional y no decae porque el encargo termine.
Sí. Puedes discutir la minuta con el despacho, impugnarla por indebida o excesiva en el procedimiento de jura de cuentas de la LEC y presentar queja deontológica ante el colegio al que pertenezca el abogado.
Centraliza expedientes, agenda y plazos, documentos, firma electrónica, registro de tiempos y facturación en un solo sitio. No decide estrategia procesal, no sustituye al abogado y no valida jurídicamente lo que redacta.
El despacho sigue siendo responsable del tratamiento y el proveedor actúa como encargado: hace falta el contrato del art. 28 del RGPD, saber dónde se alojan los datos, quién accede y cómo se recuperan o se borran al terminar. El deber de secreto del art. 542.3 LOPJ no se delega en el proveedor.
Las guías las firma el equipo editorial de LexIAGest, que no está formado por abogados: el responsable del proyecto es consultor de marketing digital, no abogado, y así consta en la página «Sobre» y en la política editorial. Lo que se publica aquí describe el marco legal vigente y la práctica del mercado; no valora tu caso ni sustituye a un profesional. Las referencias normativas se citan por su nombre para que puedas ir a la fuente en el BOE y comprobar la versión consolidada, que es la que manda: las leyes se modifican y una guía puede quedarse atrás.
Si detectas un dato desactualizado o mal citado, escríbenos desde contacto y se corrige. No hay reseñas de usuarios ni valoraciones en esta página porque no las hemos recogido, y publicar una nota inventada sería el tipo de cosa que esta sección critica.