Tasación de costas y jura de cuentas: cómo cobra un despacho lo que le deben (2026)

Hay una conversación que se repite en casi todos los despachos pequeños de España: la de la sentencia estimatoria con condena en costas que, seis meses después, no se ha traducido en un solo euro ingresado. Y su variante aún más incómoda: la del cliente al que se le ha llevado el asunto hasta el final y que, con la sentencia favorable en la mano, deja de responder a los correos cuando llega la minuta.

Las dos situaciones tienen solución procesal y las dos están reguladas desde hace décadas en la Ley de Enjuiciamiento Civil. El problema rara vez es jurídico: es de gestión. La tasación de costas y la jura de cuentas son procedimientos rápidos y baratos, pero exigen documentación concreta, plazos cortos y una minuta desglosada que la mayoría de los despachos no tiene preparada el día que la necesita. En esta guía repasamos en qué se diferencian, cómo se tramita cada una, dónde se caen en la práctica y qué tiene que tener ordenado el despacho para que ninguna de las dos vías se quede en el intento.

Dos deudas distintas: costas frente a honorarios

El primer error, y el más caro, es tratarlas como si fueran lo mismo. Son dos relaciones jurídicas independientes que coinciden en el tiempo y en el importe aproximado, pero no en el deudor.

Las costas son el crédito que la parte vencedora tiene frente a la parte condenada. El titular del derecho de crédito es el cliente, no el abogado: si el condenado paga, paga a la parte contraria, y es esa parte quien después liquida con su letrado. Que la sentencia diga «con imposición de costas» no significa que el abogado vaya a cobrar automáticamente de nadie.

Los honorarios son el crédito que el abogado tiene frente a su propio cliente, y nacen de la hoja de encargo con independencia del resultado del pleito. Un despacho puede perder el asunto y tener derecho íntegro a su minuta; y puede ganarlo con costas y seguir teniendo que reclamar a su cliente si este cobra las costas y no liquida.

Tasación de costas paso a paso

La tasación es el procedimiento por el que se cuantifica el importe exacto de la condena en costas. Está regulada en los artículos 241 y siguientes de la LEC y la practica el letrado de la Administración de Justicia. En la práctica funciona así:

1. Solicitud de parte Se insta la tasación una vez firme la resolución que impone las costas, aportando la minuta de honorarios del abogado y la cuenta del procurador, además de los justificantes de peritos y de otros gastos incluibles.
2. Minuta desglosada La minuta debe detallar los conceptos y las cantidades, no un importe global. Una minuta de una línea es el motivo más habitual por el que la tasación se retrasa o se recorta.
3. Práctica de la tasación El letrado de la Administración de Justicia revisa las partidas, excluye las que no correspondan al pleito y aplica los topes legales.
4. Traslado a las partes Se da traslado por diez días para que puedan impugnar. Si nadie impugna, la tasación se aprueba por decreto.
5. Ejecución Aprobada la tasación, la cantidad es exigible y se despacha ejecución si el condenado no paga voluntariamente.

Entre los conceptos incluibles están los honorarios de abogado y perito, los derechos del procurador, la inserción de anuncios, los depósitos para recurrir, los derechos arancelarios y las copias o certificaciones necesarias. Quedan fuera los gastos que no sean necesarios para el pleito o que no guarden relación directa con él.

El límite del tercio y otros topes

Aquí es donde la expectativa del cliente y la realidad de la tasación se separan. El artículo 394.3 de la LEC establece que, cuando la condena no se impone por temeridad, la parte condenada solo pagará, por los conceptos no sujetos a arancel —esencialmente los honorarios de abogado y de perito—, un importe total que no exceda de la tercera parte de la cuantía del proceso por cada litigante que haya obtenido pronunciamiento favorable.

Dicho en números: en un procedimiento de 12.000 euros de cuantía, el tope por ese concepto se sitúa en 4.000 euros con independencia de lo que diga la minuta. Solo se salta ese límite si el tribunal declara expresamente la temeridad del litigante condenado.

A ese tope se suman dos ajustes que conviene tener presentes antes de prometerle nada al cliente:

• Procesos de cuantía indeterminada. Se valoran a efectos del cálculo en el importe que la propia norma fija, salvo que el tribunal aprecie otra cosa de forma razonada.
• Estimación parcial. Si la estimación de la demanda es parcial, lo habitual es que cada parte abone sus costas y las comunes por mitad, con lo que el crédito por costas simplemente no llega a existir.

Impugnación por indebidas o por excesivas

Dentro de los diez días de traslado, la tasación puede impugnarse por dos motivos distintos que siguen caminos separados.

Impugnación por partidas indebidas

Se alega que una partida no debería figurar: un gasto ajeno al pleito, una actuación no realizada, un concepto no incluible. Se resuelve tras oír a la parte contraria, resolviendo el letrado de la Administración de Justicia sobre la inclusión o exclusión de cada partida discutida.

Impugnación por honorarios excesivos

Se discute la cuantía de los honorarios del abogado o del perito. Es el supuesto que más se ve y el que requiere informe del Colegio profesional correspondiente, que valora si el importe se ajusta a los criterios aplicables a efectos de tasación teniendo en cuenta la complejidad del asunto, el trabajo efectivamente realizado y la cuantía.

Aquí conviene una precisión que se malinterpreta a menudo: los llamados «baremos» colegiales no son una tarifa. La normativa de colegios profesionales prohíbe con carácter general los baremos orientativos y solo permite criterios a efectos de tasación de costas y de jura de cuentas. No fijan lo que un despacho debe cobrar a su cliente —eso lo determina la hoja de encargo—, sino que sirven de referencia al Colegio cuando tiene que informar en una impugnación.

Jura de cuentas: reclamar al propio cliente

La jura de cuentas es un procedimiento privilegiado y sumario para que el abogado reclame a su cliente los honorarios devengados en el asunto judicial en el que ha intervenido. Su gran ventaja es la rapidez: no hay demanda, no hay vista y no se necesita un procedimiento declarativo.

Sus requisitos son estrictos y no admiten atajos:

• Honorarios de un pleito concreto en el que el letrado haya intervenido. El trabajo extrajudicial queda fuera de esta vía.
• Cuenta detallada y justificada, con desglose de actuaciones e importes, no una cifra global.
• Manifestación expresa de que esos importes le son debidos y no han sido satisfechos.
• Presentación ante el mismo órgano que conoció del asunto.

Admitida la petición, se requiere al cliente para que pague o impugne en el plazo legal. Si no hace ninguna de las dos cosas, se despacha ejecución por la cantidad reclamada. Si se opone por indebida o por excesiva, el letrado de la Administración de Justicia tramita la oposición —con informe colegial cuando procede— y resuelve por decreto.

Dos matices jurídicos relevantes para 2026. El primero: tras la sentencia del Tribunal Constitucional 34/2019, la resolución del letrado de la Administración de Justicia en este procedimiento no queda exenta de control judicial, por lo que cabe recurso de revisión ante el juez o tribunal. El segundo: cuando el cliente es consumidor, el órgano judicial debe poder examinar el eventual carácter abusivo de las cláusulas del contrato de servicios, lo que refuerza la importancia de una hoja de encargo clara, con precio determinado o determinable y entregada antes de empezar a trabajar.

Comparativa de vías de cobro

La secuencia razonable en un despacho pequeño casi siempre es la misma: recordatorio documentado, requerimiento fehaciente, y solo después la vía procesal que corresponda según el origen de la deuda. Saltar directamente a la jura de cuentas con un cliente que iba a pagar es una forma eficaz de perder al cliente y de ganarse una queja colegial.

La documentación que decide el resultado

En ambos procedimientos, el expediente gana o pierde por el papel. Estos son los cuatro documentos que el despacho debería poder generar en minutos, no en días:

1. La hoja de encargo firmada

Con el objeto del encargo, el sistema de cálculo de honorarios, las provisiones de fondos, el tratamiento de las costas y la información al cliente si es consumidor. Es la base de cualquier reclamación. Si necesitas revisar el modelo, tienes el detalle en nuestra guía de la hoja de encargo profesional.

2. La minuta desglosada

Fase del procedimiento, actuación, criterio aplicado e importe. Una minuta global es impugnable casi por definición. El formato y los conceptos habituales están en nuestro modelo de minuta de honorarios.

3. El registro de actuaciones

Fechas, escritos presentados, vistas, desplazamientos y tiempo dedicado. Es lo que convierte una cifra en una cantidad justificada ante el informe colegial, y la razón por la que el registro de tiempos por asunto deja de ser burocracia y pasa a ser prueba.

4. El rastro de comunicaciones y provisiones

Provisiones solicitadas, pagadas o impagadas, y comunicaciones al cliente sobre el estado económico del asunto. Un cliente que ha recibido tres avisos documentados tiene mucho menos recorrido al oponerse.

Protocolo de siete pasos para el despacho

1. Cláusula de costas en la hoja de encargo Define desde el primer día qué ocurre si hay condena en costas y quién percibe qué.
2. Provisiones pautadas, no improvisadas Vincula cada provisión a un hito procesal. Reclamar después es siempre más difícil que provisionar antes.
3. Registro de actuación en el momento Anotar el trabajo el día que se hace, no al minutar, es lo que sostiene el importe frente al informe colegial.
4. Aviso al cliente en firmeza Cuando la resolución gana firmeza, comunica al cliente la situación económica del asunto: costas previsibles, límite del tercio y saldo pendiente.
5. Tasación sin demora Insta la tasación en cuanto sea posible y con toda la documentación preparada; el tiempo juega contra la solvencia del condenado.
6. Calendario de los diez días El plazo de impugnación es corto y cae con frecuencia en periodos de menos actividad del despacho. Debe estar en el mismo sistema de vencimientos que los plazos procesales.
7. Escalado de cobro documentado Recordatorio, requerimiento fehaciente y, solo entonces, vía procesal. Cada paso, registrado en el expediente.

Preguntas frecuentes

Conclusión

Cobrar es la parte del ejercicio que menos se enseña y la que más deteriora la rentabilidad de un despacho pequeño. Las dos herramientas procesales existen, funcionan y son razonablemente rápidas, pero ambas parten del mismo supuesto: que el despacho puede acreditar, con papeles, qué encargo recibió, qué trabajo hizo y cuánto vale ese trabajo desglosado por conceptos.

Quien tiene la hoja de encargo firmada, las actuaciones registradas el día que se realizaron y las provisiones documentadas convierte la tasación y la jura de cuentas en un trámite. Quien tiene que reconstruir dos años de expediente para minutar suele acabar aceptando una quita para cerrar el asunto. La diferencia no está en el conocimiento del artículo 35 de la LEC; está en cómo se ha llevado el expediente desde el primer día.

Para seguir ordenando la parte económica del despacho, te recomendamos nuestras guías sobre cómo cobrar a los clientes, facturación de honorarios y rentabilidad por asunto.

Este artículo tiene carácter divulgativo y no constituye asesoramiento jurídico. La regulación de la tasación de costas y de la reclamación de honorarios está sujeta a modificaciones legislativas y a interpretación jurisprudencial, y su aplicación depende del orden jurisdiccional y del procedimiento concreto; consulta siempre la norma vigente y, en su caso, los criterios de tu Colegio antes de actuar.